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La crisis de las pensiones en Chile

Da Temuco (Cile), Rodrigo Monteiro Pessoa*

1 Novembre 2019 – Para comprende un poco más la crisis social en Chile queremos comentar sobre el actual escenario de uno de los pilares de esta crisis, que es el problema generado por el sistema de capitalización individual de aquél país. En efecto, la promulgación del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 sustituyó el antiguo sistema público por uno administrado por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este nuevo contexto se presentó como una Reforma Previsional, pero en verdad fue la sustitución del antiguo sistema previsional, basado en el principio solidario, el financiamiento tripartito y el régimen de reparto, por un nuevo sistema, basado en la capitalización individual y la administración privada de los Fondos de Pensiones. La planificación de este nuevo sistema acusaba el antiguo (de reparto), como un modelo en quiebra.  No obstante, respetados economistas rebatieron estos argumentos en el momento en que se inició la discusión para implementar los cambios, presentando estadísticas que no corroboraban con la declaración de quiebra del sistema de reparto. El sistema de capitalización funciona bajo la lógica de acumulación de fondos individuales. Por ende, las contingencias cubiertas (vejez, invalidez y muerte) serán pagadas únicamente según la rentabilidad obtenida con las cotizaciones de los afiliados. En este sistema, las cotizaciones de los afiliados y los demás aportes que procedan durante un determinado período forman el capital que, en conjunto con sus intereses, permitirá financiar los costos de las pensiones, sin garantía de mínimos. Sin embargo, el sistema de capitalización chileno conlleva un sinfín de problemas, desde baja tasa de sustitución (equivalente entre el valor de la pensión y el valor del sueldo en la actividad laboral) que está alrededor de 33%, necesidad de alto manejo de información financiera para alcanzar buenos resultados, elevados costos soportados por los trabajadores para mantener un sistema privado que busca el lucro, ausencia de financiamiento tripartito (no hay participación del empleador ni tampoco del Estado en la formación de la capitalización), los trabajadores soportan las pérdidas financieras cuando las inversiones de las AFP no generan rentabilidad, entre otros más. Para tener una idea, las pensiones pagadas en septiembre de 2019, según datos de la Superintendencia de Pensiones, presentan un promedio de 256 euros e una mediana de 164 euros.

Sabemos que, en materia previsional, los países en todo el mundo están enfrentando muchos desafíos, como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de sobrevida, la informalidad laboral que no permite financiar sistemas de seguridad social basados en la lógica del trabajo formal etc. No obstante, el modelo de seguridad social, independiente de la forma cómo será financiado no puede observar solamente la sustentabilidad económica en desmedro de los derechos de los afiliados. La dignidad humana, la libertad y la vida, no pueden ser relativizadas por una mala administración o un mal diseño del modelo de la seguridad social. Principalmente cuando se verifica la existencia de derechos mínimos que deben ser garantizados a todo momento. De no ser así, tarde o temprano la crisis se instalará y las demandas sociales entrarán en ebullición.

*Doctor en Derecho por la Universidad de Chile, profesor de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera (Chile). rodrigo.pessoa@ufrontera.cl

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